El proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, ofrece estabilidad fiscal por 30 años y beneficios tributarios a emprendimientos de nuevas industrias que comprometan al menos US$1.000 millones.
El Senado de la Nación comenzará la próxima semana el tratamiento del denominado “Súper RIGI”, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para atraer inversiones de gran escala vinculadas con industrias tecnológicas y actividades que todavía no se encuentran desarrolladas en el país.
El debate se iniciará el miércoles 5 de agosto, a las 15.30, durante un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General. El oficialismo buscará avanzar con la firma del dictamen para llevar el proyecto al recinto antes de que finalice agosto.
La propuesta ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 24 de junio, con 130 votos afirmativos, 107 negativos y siete abstenciones. Fue acompañada por La Libertad Avanza y bloques aliados, entre ellos el PRO, la UCR, el MID, Por Santa Cruz e Innovación Federal.
¿Qué es el “Súper RIGI”?
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias está destinado a proyectos industriales, tecnológicos y de infraestructura digital que no se desarrollen actualmente en la Argentina o que se encuentren en una etapa experimental o piloto.Entre las actividades contempladas aparecen la industrialización de minerales críticos —como litio y uranio—, la biotecnología, la fabricación de baterías, el hidrógeno verde, los vehículos eléctricos, los paneles solares, las turbinas eólicas, los semiconductores, los reactores nucleares modulares y la inteligencia artificial.
Para incorporarse al régimen, las empresas deberán comprometer inversiones mínimas de US$1.000 millones, una cifra cinco veces mayor que la exigida por el RIGI vigente.
Los beneficios previstosA cambio de esas inversiones, el proyecto propone otorgar 30 años de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria. También establece una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de las inversiones y certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales.
Además, contempla la deducción de quebrantos sin límite temporal, una reducción gradual de la carga impositiva sobre los dividendos y la exención de los derechos de importación y exportación.Las empresas también accederían progresivamente a la libre disponibilidad de las divisas obtenidas por sus exportaciones, hasta alcanzar el 100% desde el tercer año de adhesión.
El plazo inicial para presentar proyectos será de cinco años, con la posibilidad de una única prórroga de hasta un año. Para que una inversión radicada en una provincia acceda a los beneficios nacionales, el texto establece que será necesaria la adhesión expresa de esa jurisdicción y, cuando corresponda, del municipio involucrado.
