El Gobierno modificó por decreto la Ley de Migraciones. La medida permite impedir el ingreso, cancelar la residencia o expulsar a extranjeros involucrados en mensajes de odio, incitación a la violencia o ataques contra símbolos nacionales.
El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros del territorio argentino.
El Decreto 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, alcanza a quienes hayan difundido mensajes de odio, de manera oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra una persona por su nacionalidad.
También incluye a quienes participen o promuevan actos de ultraje contra los símbolos patrios. La modificación no se limita a quienes intenten ingresar al país. Cuando estas conductas sean atribuidas a una persona extranjera que ya cuenta con residencia en Argentina, Migraciones podrá cancelarla e intimarla a abandonar el territorio o disponer su expulsión, teniendo en cuenta las circunstancias personales y los hechos analizados.
El decreto aclara que no podrán incluirse dentro de estas causales las expresiones de crítica política, académica o ciudadana, ni el disenso ideológico que represente un ejercicio legítimo de derechos constitucionales. Es decir, la norma apunta específicamente a los mensajes de odio, la incitación a la violencia y los ataques contra símbolos nacionales.
Desde el Gobierno justificaron la decisión al sostener que aumentaron las manifestaciones hostiles contra ciudadanos argentinos, la cultura y la identidad nacional. La medida se conoció en medio de la polémica por expresiones contra la Argentina surgidas después de la participación de la Selección en el Mundial, situación que el Ejecutivo calificó como una “campaña antiargentina”.
“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó la Oficina del Presidente al comunicar la medida.
Por tratarse de un DNU, el decreto deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá emitir un dictamen sobre su validez y remitirlo a las dos cámaras legislativas.
